La Red Federal de Familias difundió una declaración tras el cuarto congreso anual, realizado en la ciudad de Corrientes. La entidad denunció una serie de hechos que atentan contra la dignidad de los seres humanos y la familia, e instó a reivindicar la institución familiar y sus valores propios.
La organización afirmó que el accionar de las asociaciones que la integran y las personas comprometidas le “permiten conservar la esperanza de la restauración de los valores conculcados y de un renacimiento moral, social y espiritual de la Patria”.
Advertimos, con respecto a los años anteriores, que cada vez se torna más incierta la vigencia de esos principios, amenazados seriamente y conculcados ya, en gran parte, por la acción conjunta o separada de los diversos órganos del Estado Nacional y de varios de los órganos correspondientes de las Provincias y Municipios de nuestra Patria.
A todo ello contribuyen el accionar de asociaciones y medios de comunicación masiva y de opinión, en el orden nacional; y la activa intromisión de organismos, asociaciones e intereses internacionales en los asuntos internos de la República.
En consecuencia, declaramos: las amenazas y concretos ataques a la “sacralidad, inviolabilidad e intangibilidad de la vida humana, desde la concepción y hasta la muerte natural, la dignidad de la persona, todo el orden natural de la familia (conyugal, procreacional y educativo) y un recto cuidado del Bien Común enraizado en la justicia”, se han visto progresivamente agravados en los últimos años y, en particular, desde la clausura del último Congreso Nacional de esta Red Federal, el 22 de junio del pasado año 2013 y que, en consecuencia, corresponde que todas las personas y asociaciones participantes de esta red profundicen y aúnen los esfuerzos para aclarar los conceptos, esclarecer las conciencias y proponer soluciones que tiendan a revertir la crítica situación actual que ha puesto a las instituciones políticas y sociales fundamentales de la Patria y a las fuerzas morales de su población al borde de un cataclismo sin precedentes y de difícil retorno, que urge nuestra acción.
Antes que nada, reiteramos nuestro repudio a todas las leyes, resoluciones y sentencias ya dictadas, y a sus reglamentos o protocolos, que de una manera u otra han contribuido a disminuir el valor intangible y la dignidad de la vida humana desde el momento mismo de la concepción –rectamente entendida como la fertilización del óvulo femenino, e inclusiva por lo tanto, de los embriones no implantados, independientemente del modo que se haya producido su fecundación–; y hasta la muerte natural –lo cual supone la ausencia de cualquier modo artificial, directo o indirecto, activo o pasivo, de provocarla–; y de todas aquellas que tienden a debilitar el orden natural de la familia, tanto en el campo de la unión conyugal, cuya máxima aberración es el mal llamado ”matrimonio igualitario”, cuanto en los ámbitos del control de la natalidad, del ejercicio de la patria potestad y de la educación de los hijos.
Consideramos que la fecundación artificial, normativamente autorizada por la ley 26.862, afecta grave y directamente los valores proclamados y es desde todo punto de vista rechazable, tanto por su intrínseca inmoralidad, como por la instrumentalización y despersonalización de los seres humanos, convertidos en mercancía y objeto de un infame lucro.
Reiteramos nuestra condena a la ideología de género, que infecta todo el sistema educativo nacional, perturba las conciencias, pervierte las costumbres de la población en general y, particularmente, la salud física, psíquica, moral y espiritual de los niños y de los jóvenes; y trastorna la identidad misma de las personas en el campo legal y social, como expresamente lo hace la llamada ley de identidad de género, sancionada en mayo del año 2012, ley que, volvemos a decir, es otro de los hitos en el camino de la destrucción del orden social, afecta gravemente todo el espectro de las relaciones entre las personas y repercute en muchos campos, como los señalados en este párrafo, así como los de la institución matrimonial y la filiación, pilares básicos de un orden social recto.
Especialmente, queremos expresar nuestro rechazo al proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, que cuenta ya con media sanción del Senado de la Nación, que lo aprobó a libro cerrado el pasado 28 de noviembre por 39 votos a favor y sólo un voto en contra y que está ahora a consideración de la Cámara de Diputados.
Destacamos que, en las materias que especialmente interesan a esta Red Federal y que dañan los principios enunciados en esta declaración, la reforma afecta el derecho a la vida del nonato, pese a la modificación del proyectado art 19, que ahora reconoce que la existencia de la persona humana comienza con la concepción; ya que en otros artículos hace referencias equívocas a la concepción y a la implantación, dando lugar a que se excluya de la noción de persona al embrión no implantado.
El Código Civil proyectado profundiza los agravios que nos merece la ley de fecundación artificial aludida en párrafos anteriores; consagra un injusto “derecho al hijo” que conculca los concretos derechos del ser humano concebido y gestado mediante prácticas artificiales; incorpora una nueva y arbitraria distinción entre los niños concebidos por medio de estas técnicas y los niños concebidos de modo natural; prioriza la llamada “voluntad procreacional” por sobre la paternidad biológica, destruyéndose intencional y arbitrariamente los vínculos de identidad de los niños “producidos” mediante técnicas de fecundación artificial, quienes como regla general tendrán vedado el conocimiento de su identidad genética; admite la “producción” de niños por la voluntad procreacional de una sola mujer o un solo varón, un varón y una mujer, dos mujeres o dos varones, con lo cual si bien se limita la posibilidad de vínculos filiatorios a dos como máximo, podría darse el caso de que un niño llegue a tener hasta cuatro o cinco personas involucradas en su “paternidad-maternidad”; y deja en la incertidumbre el destino de los embriones no implantados.
En materia de familia, el Código proyectado establece para el mal llamado “matrimonio igualitario”, ya inicuamente equiparado al verdadero matrimonio, un idéntico tratamiento en materia de adopción y de fecundación artificial, declara nula la cláusula que determinare el carácter indisoluble de un matrimonio, elimina la posibilidad de separarse sin disolver el vínculo matrimonial y suprime el deber de fidelidad de los cónyuges; deteriora aún más, si cabe, la solidez del matrimonio al regular el divorcio sin causa y mediante un trámite sumamente expedito y al equipararlo en la práctica con las llamadas uniones convivenciales, sean éstas del mismo o diferente sexo; y suprime la patria potestad, eje esencial de la familia, por una deletérea “responsabilidad parental”, delegable en terceros y compartida de hecho con el Estado.
Estos y muchos otros agravios que no caben en esta declaración, han sido consagrados ya por la media sanción del Senado de la Nación, sin tener en cuenta para nada –como era de prever– las múltiples objeciones que mereció en las audiencias públicas que se realizaron a lo largo y a lo ancho de la República y las también numerosas oposiciones expresadas por academias, casas de altos estudios y notables juristas, pensadores y representantes de los diversos campos del quehacer nacional, poniendo así de manifiesto la total desconexión de los legisladores que lo aprobaron, con el servicio al Bien Común al que han sido convocados y que constituye su razón de existir.
También queremos destacar nuestra preocupación frente al anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación, elevado a principios de este año, por la Comisión Redactora encabezada por el juez Eugenio Zaffaroni, a consideración del Poder Ejecutivo Nacional y que podrá llegar al Congreso cuando aquél lo disponga.
Este anteproyecto, entre otras cosas, profundiza en la recepción de la ideología de género, avanza con la despenalización del aborto, consagrando legislativamente el inicuo fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo de 2012 que introdujo el concepto de aborto no punible para el supuesto de un embarazo causado por una violación; atenúa sensiblemente las penas correspondientes al caso de filicidio cometido por la madre con relación al homicidio; e introduce un nuevo supuesto de eutanasia, que metafóricamente denomina “homicidio piadoso”; despenaliza el consumo de estupefacientes, y reduce las penas en materia de trata de personas.
Reiterando textualmente lo ya dicho en declaraciones anteriores, y sin que con esto pretendamos agotar el inventario de los desafíos que nos propone este tiempo, no queremos dejar de señalar, como ataques a la vida y a la integridad familiar y al bien común de nuestra sociedad política, a las leyes, proyectos, planes y campañas, en el orden nacional, provincial y municipal, de salud sexual y reproductiva, de control de la natalidad, de injerencia del Estado en la vida familiar y en la educación de los hijos y, en general, a todos los intentos –públicos y privados– de introducir en las costumbres y en la jerarquía de valores de las futuras generaciones de nuestra Patria una concepción materialista y hedonista de la vida, puesta al servicio de la satisfacción egoísta de los caprichos del individuo, en olvido del Bien Común de la sociedad a la que pertenece y de su destino trascendente.
Tampoco queremos dejar de expresar nuestra preocupación por el incremento en cantidad e intensidad del menosprecio, la banalización, la burla y los ataques al recto orden natural, a la familia, al amor a la Patria, a la Religión, a la moral y a las buenas costumbres y a todos los principios “no negociables” que hemos enunciado al inicio de esta declaración, de los que hacen gala los medios de comunicación masiva y la propaganda y a los que adhieren órganos de opinión, institutos y casas de formación y organismos públicos vinculados principalmente con la salud y la educación; así como los notorios casos de desigualdad e injusticia que se reflejan en nuestra sociedad actual, cuyo riesgo de desintegración advertimos con alarma y angustia acuciantes.
Como Red Federal, integrada por miembros provenientes de todo el espectro social y político de la Nación Argentina y de todos sus rincones, nos atrevemos y nos sentimos obligados a convocar una vez más y con mayor urgencia a todas las personas, familias y asociaciones intermedias de nuestra Patria a abocarse a la defensa de los valores sagrados que la constituyen y que hemos enunciado, a su difusión y enseñanza, a la práctica individual y social de las virtudes que ellos suponen y a una consagración más intensa y comprometida al servicio del Bien Común de nuestra Patria y de los más pobres, pequeños y necesitados.
Así y todo, queremos destacar que hay signos alentadores de que ello está ocurriendo. Ya hicimos referencia a las audiencias públicas que se llevaron a cabo con motivo del proyecto de reforma del Código Civil. Una nutrida y calificada lista de personas, de diverso nivel intelectual y origen social, en una importante cantidad de ciudades de nuestra Patria, acudió ante los legisladores a defender aquellos valores, con valentía, con lucidez, con sacrificio, como lo hizo antes en defensa del matrimonio, poniendo así de manifiesto la subsistencia de las reservas morales e intelectuales de nuestra Patria. A todos ellos nuestro reconocimiento.
Por otra parte, y como una necesaria y condigna reacción frente a los atropellos denunciados, advertimos que los movimientos provida y profamilia han crecido enormemente en todo el territorio de la Argentina. Muchas ciudades de la República han sido declaradas ciudades provida y profamilia por parte de sus órganos ejecutivo o legislativo, siguiendo el ejemplo que en marzo del 2011 dio Senillosa, en la Provincia del Neuquén.
Por supuesto no podemos dejar de mencionar que nuestra anfitriona, la Provincia de Corrientes ha sido declarada provida y se ha comprometido expresamente con los valores que ello representa, por decreto de su Gobernador ratificado legislativamente. Agradecemos la generosa hospitalidad brindada pero, sobre todo, el ejemplo que esta noble Provincia presta a toda la Nación y a su pueblo.
Estas cosas, así como este Congreso y la existencia de nuestra Red y de las asociaciones que la integran y las personas comprometidas nos permiten conservar la esperanza de la restauración de los valores conculcados y de un renacimiento moral, social y espiritual de nuestra Patria.
Hoy como ayer, la Red Federal de Familias renueva su compromiso de poner como centro y fundamento de todo su accionar a la familia, sus necesidades y sus sueños, en la constante y firme convicción de que defender la vida y la familia, su dignidad, su naturaleza y sus derechos, es servir al bien común y defender la Nación.
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