Frente al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, los obispos advierten que las autoridades “obligan a impulsar el aborto” en vez de salvar la vida de la madre y su hijo y buscar opciones “verdaderamente terapéuticas y alternativas”.
El episcopado también advierte que la disposición ministerial sustituye el concepto de “abortos no punibles” por “derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE), lo que sirve para “evadir la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un «aborto legal» ni un «derecho al aborto»”.
Los obispos denuncian que este protocolo amplía, de hecho, la causal derivada del peligro para la vida y la salud de la madre: “No hace referencia a que ese peligro varía en gravedad si puede o no ser evitado por otros medios y amplía, además, las posibilidades de afectación a la salud incluyendo «el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima»”.
“Es muy llamativo –continúan los obispos- que se limite un derecho humano fundamental: la objeción de conciencia, siendo que la Ley 25.673, creadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (ámbito desde el cual se emite este protocolo) la admite expresamente en su artículo 10”.
“El protocolo–añaden- niega la objeción de conciencia individual, y en la práctica obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida. Asimismo, al presentarse como obligatorio para todo el país, el protocolo se superpone y conculca las autonomías provinciales en materia de salud”.
Los obispos también subrayan que "el protocolo va más allá de la legislación vigente y tiene vicios de inconstitucionalidad".
La Conferencia Episcopal también alerta que esta guía procedimental “no favorece la denuncia cuando el aborto es producto de una violación”, y considera que “la mira del protocolo parece estar puesto en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo”.
Los obispos expresaron que, en el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, “nunca es lícito someterse a ella”, de acuerdo a lo expresado por san Juan Pablo II en el punto 73 de su encíclica Evangelium vitae.
Los pastores argentinos también citan al papa Francisco en su reciente encíclica Laudato si’, que habla sobre la ecología integral y humana: “Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”.
“En una época que se trata de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus dimensiones, llama la atención que desde el mismo Gobierno se desproteja de este modo la vida humana más vulnerable y que se conculquen deliberadamente derechos humanos básicos”, denuncian los obispos.
“Pidamos a María de Luján que nos enseñe como Nación a cuidar y respetar siempre toda vida humana”, concluye la Comisión Ejecutiva del episcopado, que integran monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz y presidente; el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero; monseñor Mario Cargnello, arzobispo de Salta y vicepresidente segundo, y monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús y secretario general.+
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