Estuvieron presentes los integrantes de la Comisión, María Magdalena Odarda (presidente), José Ojeda (vice-presidente) y Alfredo Martínez y María Teresa Margarita González. Además, participaron referentes de Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Endepa, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Instituto de Cultura Popular (Incupo).
Asimismo, estuvieron representadas las principales organizaciones indígenas del país: la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Federación Pilagá de Formosa, la Unión Diaguita de Tucumán, el Consejo de Comunidades Coyas del Departamento de Cochinoca de Jujuy, el Consejo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci), Organización Qopiwini (Pueblos Quom, Pilagá, Wichi y Nivaclé),la Asociación Guaraní de Oran en Salta, representantes de los pueblos Lule y Huarpe, entre otras.
“En el trascurso de dos horas se escucharon distintos reclamos referidos a la importancia de la aplicación de la Ley 26.160, ya que, a pesar de su promulgación desde hace ya 11 años, siguieron los desalojos y criminalización de las protestas frente a los reiterados atropellos de los derechos de los pueblos indígenas”, advirtió Auletta.
“Se avanzó muy poco en cuanto al relevamiento territorial y entrega de carpetas, al mismo tiempo que se malgastó el presupuesto destinado a tal trabajo. A pesar de sus falencias, en las intervenciones de los referentes indígenas se destacó la necesidad de una nueva y urgente prórroga de la Ley en cuestión, ya que en noviembre estaría venciendo su vigencia”, sostuvo.
Auletta informó que en la reunión se mencionó la importancia de “que la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, actualmente con carácter transitorio pase a ser permanente y con integración de representantes de pueblos originarios, con el fin de abocarse al tratamiento de temas de fundamental importancia, tales como la ley de propiedad comunitaria, de consulta previa, libre e informada y aplicación de los instrumentos legales nacionales e internacionales que deberían asegurar la plena vigencia de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Argentina”.
En otro tramo de la reunión, se manifestaron apoyos solidarios ante situaciones de privación de libertad que están sufriendo algunos jefes, como Agustín Santillán, Wichi de Formosa y Facundo Jones Huala, Mapuche de Río Negro.
“La Comisión remarcó lo decisivo que resultará el debate por la prórroga de la ley sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay posturas de mayor resistencia a la cuestión indígena, vista la urgencia de lograr la aprobación de la nueva prórroga de la Ley 26.160 antes de su plazo de vencimiento. La organización de la reunión, en cuanto a los tiempos, no permitió finalmente que se escucharan intervenciones y opiniones de los representantes de las Instituciones, sin duda coincidentes con cuánto expresado por los referentes indígenas, por lo que se pudo compartir en los momentos previos a la reunión” detalló el representante de Endepa.+
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