Unánime voto pro vida y contra el protocolo abortivo en la legislatura tucumana

San Miguel de Tucumán (AICA): La Legislatura de Tucumán aprobó, por unanimidad, su adhesión a la Marcha Nacional por la Vida y la Familia que se realizó en la Plaza Independencia de la capital tucumana el pasado 2 de julio, en cuya ocasión se presentó un petitorio ciudadano ante esa Legislatura, la que lo aprobó en todos sus puntos. Dicho petitorio, que fue presentado por el legislador demócrata cristiano José Manuel Páez.

La Legislatura de Tucumán aprobó, por unanimidad, su adhesión a la Marcha Nacional por la Vida y la Familia que se realizó en la Plaza Independencia de la capital tucumana el pasado 2 de julio, en cuya ocasión se presentó un petitorio ciudadano ante esa Legislatura, la que lo aprobó en todos sus puntos. Dicho petitorio, que fue presentado por el legislador demócrata cristiano José Manuel Páez, dice lo siguiente:

Petitorio ciudadano-Marcha por la vida y la familia
En San Miguel de Tucumán, el jueves 2 de julio de 2015, los tucumanos le decimos NO al “Protocolo de atención a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” emitido de facto, sin resolución legal alguna, por el Ministerio de Salud de la Nación.

Hoy vinimos a apoyar a nuestros buenos médicos que se niegan a cometer aborto, y a todo el personal de salud.

Estamos reunidos en esta Plaza Independencia para decirle Sí a la vida, y sí a la familia.

Sí al primero de todos los derechos humanos, el derecho a la vida del más débil de todos nosotros: la persona por nacer. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otro en forma violenta, como se la toma en un aborto. No existe el “derecho a la interrupción legal del embarazo”, jamás puede ser legal cometer un delito. Y que no quepa duda alguna: el aborto es un delito, tipificado en el Código Penal, en el título 1°: Delitos contra las Personas, en el capítulo 1°: Delitos contra la vida, del artículo 85 al 88.

Este protocolo inconstitucional avasalla la soberanía de las provincias para legislar en materia de salud, esa es una facultad no delegada a la Nación por las provincias, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación no tiene facultad para crear un protocolo que sea, como dice textualmente, “de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y deba ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”. Nuestro Ministro de Salud de la Provincia debió oponerse públicamente a este protocolo y defender la vida de los tucumanos en gestación, ya que la provincia es soberana para legislar en materia de salud. Hace 20 días que esperamos buenamente que lo haga, hoy venimos a exigirle al doctor Pablo Yedlin que no se aplique en ningún lugar de Tucumán este protocolo de muerte.

El protocolo es ilegal, porque establece para los médicos y todo el personal de salud, la obligatoriedad de cometer el delito de aborto, ante el sólo pedido de la madre embarazada, sin mediar orden judicial, ni denuncia penal. Violenta el derecho constitucional de objeción de conciencia que tiene toda persona, y el juramento hipocrático de los médicos, estableciendo sanciones para el profesional que “osare” dar consejo a favor de la vida, en los casos de no punibilidad.

El protocolo es antijurídico, ya que plantea como un derecho lo que es claramente un delito contra la vida de la persona por nacer.

El protocolo pretende reglamentar, yendo mucho más allá, el mismísimo Código Penal Argentino.

El Protocolo es contrario a la ley 25.673 que prohíbe el aborto en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, o sea que vulnera la misma ley que invoca como fuente normativa.+

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