El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, reflexionó acerca de los recientes hechos que manifiestan una intención de remover los símbolos religiosos presentes en el espacio público.
Sus reflexiones responden a lo sucedido días atrás en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, donde un grupo de estudiantes reunidos en asamblea decidieron y llevaron a cabo la remoción de una imagen de la Virgen que se encontraba en el edificio.
Esta acción, explica monseñor Buenanueva, se enmarca en el debate que en muchos países de tradición católica, incluida la Argentina, se plantea en torno a la presencia de símbolos religiosos en dependencias del Estado, que se pregunta por el origen de esta práctica y por su legitimidad.
En ese sentido, el obispo menciona también un proyecto presentado recientemente por diputados del bloque Cambiemos, que pide “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional” (sic).
“Es un tema que se presta para la polémica. La Argentina tiene una tradición católica multisecular, pero también una corriente laica que ha configurado aspectos importantes de su vida. La convivencia de ambas perspectivas no suele ser muy amable. En ocasiones -y esta puede ser una- los chispazos pueden hacerse más visibles. Y, así como existe un integrismo católico, también conocemos un integrismo laicista, tan agresivo, dogmático y rigorista como aquel”, explica el prelado, intentando “ofrecer una palabra responsable, pero también franca y leal”, aportando a un debate sereno, “teniendo claro que mi palabra como obispo católico tiene un peso relativamente importante para buena parte de los ciudadanos de nuestro país”, advirtió.
“Pienso francamente que la cuestión de los símbolos religiosos en el espacio público forma parte de aquel amplio conjunto de temas que pueden ser resueltos de modos muy diversos. Constituyen materia opinable, abierta a distintas formas de realización, como de hecho ocurre en diversos países y culturas. No creo que se lo pueda plantear como una cuestión absoluta, a favor o en contra”, consideró.
“Los católicos tenemos cuestiones ‘no negociables’ en nuestra concepción de la convivencia ciudadana. Son realmente pocas: la intangibilidad de la vida humana desde su concepción hasta su término natural, la identidad del matrimonio y la familia, el derecho de los padres a determinar la educación de sus hijos; el bien común de la sociedad, especialmente atentos a los más pobres y vulnerables”, enumeró, y aclaró: “La cuestión que nos ocupa no forma parte de este conjunto de temas ‘no negociables’. En realidad, se trata de ser muy respetuosos del genio, de la historia, de las costumbres y tradiciones de cada pueblo”, añadió.
“El otro principio que -según mi criterio- es importante tener en cuenta, es el hecho de que la Iglesia y sus pastores no tenemos competencia directa para determinar si tiene que haber o no símbolos religiosos en el espacio público. Esta es una cuestión que tiene que ver con los ciudadanos, sus tradiciones, su cultura y sus libertades, especialmente con la libertad religiosa”, señaló.
“En este contexto, me parece importante no confundir el espacio público con el Estado. O suponer que el espacio público le pertenece al Estado. No es así. El espacio público es de todos los ciudadanos y refleja nuestra realidad, también nuestra diversidad. El Estado, en todo caso, administra y regula que el uso del espacio público esté suficientemente garantizado para todos, resguardando la libertad de expresión (uno de los pilares de la democracia). También habría que distinguir aquí lo que son dependencias del Estado, cuya laicidad es un rasgo legítimo, también reconocido como tal por la Iglesia”, detalló.
“En una reciente respuesta del gobierno italiano al Tribunal de la Unión Europea que dictaminó la retirada de las cruces de los colegios públicos, ha jugado un rol importante la consideración de la cruz como un símbolo religioso expresivo de la identidad cultural de Italia”, comentó el prelado, lo que consideró “un argumento de peso”.
“Pienso que muchos de los símbolos que vemos todavía (porque muchos ya han sido quitados) provienen de un pasado en que sociedad y religión, Iglesia y Estado prácticamente se confundían entre sí. Los procesos de secularización han ido delimitando con una claridad relativamente mayor los espacios y esferas de competencia. Salvo sectores minoritarios, todos reconocemos en ello un proceso saludable. La Iglesia reconoce el principio de la laicidad del Estado como una forma de tutelar la libertad religiosa de los ciudadanos”, explicó.
“¿Esto significa que los símbolos tienen que desaparecer de los espacios públicos? No necesariamente. Pienso que, aunque muchos ciudadanos ya no adhieran a la fe católica o no formen parte activa de esta comunidad religiosa, siguen reconociendo como expresivos de sus valores espirituales y morales a estos símbolos”, reconoció.
“Un caso distinto se da cuando se trata de poner un símbolo religioso nuevo en un espacio público que hasta ahora no tenía ese tipo de expresiones. En principio, habría que generar un saludable debate entre los ciudadanos directamente involucrados a fin de arribar a alguna forma de consenso favorable o no a la colocación del símbolo religioso”, opinó.
“Obviamente, esto supone un ejercicio de convivencia en el que no solo talle fuerte la virtud de la tolerancia sino también el explícito reconocimiento de que el otro, especialmente si diverso de mí, de mis valores e ideas, es un semejante con derechos similares a los míos, y que, por lo mismo, tiene también el derecho de expresar sus convicciones espirituales en el espacio que es de todos”, aclaró.
“Sólo en democracia los ciudadanos podemos discutir sobre todo, incluso acaloradamente, pero respetándonos y defendiendo recíprocamente ese alto valor democrático que es el derecho a la libre expresión”, concluyó.+
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