El 9 de enero la Corte Interamericana dio a conocer su respuesta a una serie de consultas planteadas por Costa Rica, y resolvió que el Estado debía facilitar los trámites de cambio de registro de identidad de género y abrir las puertas al mal llamado “matrimonio” gay.
En el documento, de fecha 24 de noviembre de 2017, la Corte pidió además a los estados bajo su jurisdicción que venzan las “dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo”.
Como rechazo a la medida de la Corte, el martes 30 de enero fueron entregadas 60 mil firmas de forma simultánea en las cancillerías de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá y El Salvador.
También se entregó un “Manifiesto por la Soberanía de los Estados Americanos” firmado por las ONG provida y profamilia de la región, que denuncian que la Corte se extralimitó en sus funciones y violó la soberanía de los estados.
“No vamos a permitir que siete jueces no elegidos por el pueblo pisoteen la soberanía, el concepto de familia y los valores de todo un continente”, señaló Luis Losada, director de campañas de la plataforma provida CitizenGO en un comunicado del 29 de enero.
Losada dijo que en el manifiesto censuran que la Corte Interamericana “se haya saltado el procedimiento interno imponiendo su opinión como vinculante, cuando no lo es”, y critican que pretendan imponer la opinión vinculante al resto de estados, algo que no está contemplado en los procedimientos internos”.
En ese sentido, los firmantes del manifiesto critican que la Corte Interamericana haya optado por “reinterpretar” la Convención Americana en lugar de “interpretarla y velar por su cumplimiento, como es su obligación; una extralimitación de mandato gravísima”.
El manifiesto recuerda que el artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho al matrimonio entre hombre y mujer.
“Como dice el voto disidente de la Corte Interamericana, si los redactores de la Convención hubieran querido decir personas en lugar de hombre y mujer, lo hubieran dicho, pero no lo hicieron”, indicó Losada.
Por ello, los firmantes exhortan a las cancillerías a desoír la opinión consultiva 24/17 y que manifiesten ante la OEA “su rechazo por esta pretensión de imposición ideológica que viola la soberanía de nuestros estados”.
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