El "Instituto Europeo de Bioética" realizó un estudio sobre la región belga que indica que “en 2013 nacieron 58 niños con el Síndrome de Down, mientras que en 2017 fueron menos de 10, y en Limburgo, el año pasado, solo nació uno”. La seguridad social en Flandes ha asumido el costo de los “Diagnósticos Prenatales No Invasivos (DPNI)”, análisis de sangre que permiten detectar personas con la Trisomía 21, y de esta manera, el 97% de las mujeres se practica el estudio.
En la Argentina, el proyecto de ley de aborto libre crea las condiciones jurídicas para que esta situación comience a producirse. El artículo 16 indica que “todo el sistema de salud a través del Programa Médico Obligatorio (PMO) debe incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda”. Esto incluye prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Si bien el proyecto presentado solo incluye las ecografías, “no explica a cuáles prestaciones de diagnóstico se refiere”. Según indica la OMS, el cuidado de la salud implica el “completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
“Tal como está redactada la norma, no se busca financiar los estudios de diagnóstico para curar a los concebidos, sino que los estudios diagnósticos estarán financiados en la medida que se hagan en el marco de un plan de aborto. Es decir, no se busca conocer para curar, sino conocer para eliminar”, indica el estudio del Centro de Bioética.
En relación a los costos, es lógico que la inclusión de los estudios incrementa los fondos destinados al proyecto, cuyo impacto, según el Centro de Bioética, no ha sido estimado por el sistema de salud. “No faltará quien afirme que esos mayores costos que deberá soportar el sistema tendrán como consecuencia una baja en los costos que le genera al mismo sistema el nacimiento de personas con discapacidad”, manifestó.
El estudio se cuestiona los fines de la inversión: “¿Para salvar vidas de los hijos con discapacidad que hoy no tienen la atención necesaria por su pobreza? ¿O para que las madres pobres puedan abortar a los hijos con discapacidad y evitar así los costos de su atención? ¿Se invierte para diagnósticos en favor del aborto pero no se invierte en diagnósticos para la medicina fetal?”
“No se trata de una estrategia terapéutica, sino de descarte”, afirma el estudio. Para concluir, apela a que el Senado de la Nación rechace el proyecto “y, en cambio, establezca políticas públicas que puedan atender las necesidades de todos los embarazos, principalmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Informes: www.centrodebioetica.org y www.maternidadvulnerable.com.ar.+
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