Madrid (España) (AICA): Por cada símbolo religioso que sea retirado de las instalaciones de un organismo financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores pagará cinco euros. La campaña ¨Descuelga un crucifijo por los servicios públicos¨, pretende ¨incentivar razonada y económicamente¨ el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos, cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos.
La asociación entregará los crucifijos a las órdenes religiosas
"Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en instituciones religiosas que es donde tienen que estar", explica Antonio Pérez Solís, presidente de la asociación. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, el 26,1% de la población española se declara no creyente, agnóstica o atea.
El procedimiento de recogida de los símbolos parece sencillo. "La campaña incluye cualquier organismo estatal, autonómico o local que realice su función en la Comunidad Valenciana. El responsable del centro es quien contactará con la asociación. No podemos pedir a un empleado que descuelgue el crucifijo porque no tiene la facultad de hacerlo y se mete en un lío", explica Solís. "¿Estarán por la labor los directores de los centros?
El gobierno regional de Valencia, regido por el Partido Popular, – liberal- ha exigido en numerosos centros públicos, (escuelas, hospitales, etc) que se retiren los símbolos religiosos basándose “la aconfesionalidad del Estado reflejada en la Constitución”, la campaña defiende la laicidad porque "cualquier persona puede llevar símbolos o textos sagrados de su confesión donde quiera que vaya sin necesidad de que el Estado se los proporcione". La Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores recuerda que "los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que ayude a prestar un servicio público mejor o de forma más eficiente".
El presidente de la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, –que recibe una subvención oficial- añade que “es en las zonas rurales donde más continúan haciendo uso de esos símbolos religiosos ellos en dependencias públicas, sobre todo en las escuelas y bibliotecas porque dicen que no vulnera el derecho de los padres a la libre educación”.+ (Armando Puente)
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