“Politólogos x la vida” es un colectivo profesional y académico liderado por los diputados nacionales Martín Maqueyra (PRO, La Pampa), Sandra Castro (FPV, San Juan) y Federico Zamarbide (UCR, Mendoza), y el legislador porteño Guillermo González Heredia (PRO), que plantea su visión desde la óptica de la implementación de las políticas públicas. El grupo nuclea a funcionarios públicos y legisladores nacionales y provinciales, miembros del ámbito académico y de la investigación, comunicadores sociales, periodistas, ejecutivos de empresas y estudiantes, entre otros.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran profesionales de las Ciencias Políticas graduados de universidades públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Santa Fe.
La declaración, que será presentada en el Senado pone el foco en que “las políticas públicas que desarrolla un Estado tienen como objetivo resolver problemas o necesidades que se presentan a la sociedad en un momento dado, con la finalidad de contribuir a la mejora sostenida del bienestar general de dicha sociedad. La búsqueda del bien común en toda sociedad democrática está impulsada por una especial atención a sus grupos más desvalidos y postergados”.
El documento plantea que “desde la perspectiva de las políticas públicas, la primera cuestión que debería plantearse de forma previa a atender la legalización del aborto como opción de política social, es si no existen otros problemas más generales y relevantes, y consecuentemente más prioritarios. En nuestra opinión, el principal problema de política social que enfrentamos, y sobre el cual existe un acuerdo generalizado, es el de la pobreza crítica y estructural, que condena a casi 8 millones de niños y niñas de nuestro país a vivir en condiciones de marginalidad y exclusión social”.
“El sentido común indica que antes que la legalización del aborto, existen otros instrumentos de política que aportarían a una reducción mucho más significativa y con menores costos en la cantidad de muertes. Hablamos de las políticas de prevención, de educación y de cuidado de niños, niñas y adolescentes, así como de la existencia de un servicio público de salud preventiva y de tratamiento, provisto adecuadamente en los distintos territorios del país de los insumos básicos para su debido funcionamiento”, sostienen.
En relación al proyecto de ley en tratamiento en el ámbito del Congreso Nacional, el documento advierte sobre “la ausencia de los simples conceptos de racionalidad de la política pública, su coherencia, eficacia, eficiencia y sustentabilidad. Y obviamente, sobre todos esos aspectos, la legalidad. No es una práctica legalmente autorizada según lo que establece nuestra Constitución Nacional. A eso hay que agregar que son muchas las provincias cuyas constituciones provinciales garantizan el derecho a la vida desde la concepción. No sería racional, ni tampoco coherente que los senadores representantes de su provincia ante el Gobierno Federal, decidan y voten a favor de una ley que vulnera un derecho que la constitución de su provincia garantiza”.
Por último, explican que “desde su consolidación institucional, nuestro país ha promovido el poblamiento de su enorme extensión sobre la base de una política inmigratoria sostenida. Si bien esa población no se ha distribuido de modo armónico en nuestro espacio territorial, estamos lejos de poder considerar dicho desafío como perimido. Despreciar la vida de miles de argentinas y argentinos por nacer, no contribuirá a que la nación crezca y se fortalezca”.
Se invita a todos aquellos estudiantes y graduados de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, maestros en Administración y Políticas Públicas, y doctores en Ciencias Políticas y Jurídicas que deseen adherirse a esta iniciativa, enviar sus datos (nombre y apellido, DNI, Distrito y Lugar de trabajo (opcional), a la dirección de correo politologosporlavida@gmail.com.+
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