El material publicado por Justicia y Paz tiene como objetivo reflexionar sobre la problemática del techo en la diócesis de San Isidro: De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares, detalla, “alrededor de 2 millones de personas en la Argentina habitan en estos barrios, con un alto grado de precariedad en su calidad de vida. Su situación de tenencia es irregular y no tienen acceso a los servicios públicos básicos. Son alrededor de 800.000 hogares distribuidos en unos 4.100 barrios a lo largo de todo el país”.
En la diócesis de San Isidro, puntualmente, que abarca los partidos de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, se relevaron 87 barrios en los que habitan aproximadamente 20.500 familias.
“La situación de nuestros hermanos y hermanas que habitan en dichos barrios no nos puede ser ajena. La vivienda es parte de las necesidades básicas de todos. Resulta un componente esencial de la vida que nos permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como miembros de una familia y una comunidad”, advierte el documento, y menciona que “la dignidad de la vida reclama una vivienda donde poder construir un hogar en el que se desplieguen los afectos, la solidaridad, el descanso y el esparcimiento. Donde los chicos encuentren un lugar para crecer, jugar, estudiar y desarrollarse junto a sus mayores en un ambiente seguro y tranquilo”.
Muchas veces, reconoce el documento, “a la precariedad de esta situación, se agregan otros problemas, como la inseguridad, el delito y la falta de accesibilidad”, relata, y reconoce que “a lo largo de los años, no se ha encontrado claridad en la manera de encarar eficazmente esta realidad”.
“Entendemos que cualquier camino de solución a estos problemas debe partir de un principio indiscutible: todos los que habitamos en una misma ciudad tenemos el derecho a vivir integrados y a ser incluidos en la vida urbana, respetando y valorando nuestras diversidades culturales y diferentes costumbres”, sostiene, y considera que “este principio nos desafía como sociedad a encontrar soluciones que aseguren la inclusión de todos y a dejar de lado el modelo de la erradicación como única opción posible”.
Por otro lado, el llamado que se expresa en la carta es a priorizar la integración de los casos más críticos, y a trabajar sin dilaciones y de manera constante y sistemática en la provisión de servicios básicos como iluminación, cloacas y asfalto, entre otras cuestiones”.
El mensaje de Justicia y Paz recuerda también los “Objetivos para el Desarrollo Sustentable” para lograr antes del 2030, asumidos por la comunidad internacional en las Naciones Unidas. En relación al problema del techo, se propuso "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".
Para finalizar, la Comisión expresa la necesidad de “asumirnos como ciudadanos bajo una misma Constitución, cuyos derechos -entre ellos la vivienda- sean accesibles para todos” y sostiene que “el Estado en sus distintos niveles, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos debemos seguir transformando juntos esta realidad de manera consistente”. Esta tarea, aseguran, requiere de un diálogo respetuoso y sincero en la búsqueda de consensos con las familias afectadas”.
“Es necesario reconocer y promover el derecho a la vivienda y al hábitat digno, de modo que todos seamos parte de una misma comunidad y constructores activos de ella. La tarea no es sencilla y tampoco tiene respuestas simples. Sabemos que precisa no sólo de la voluntad política de quienes nos gobiernan, sino que requiere de un compromiso amplio que reconozca y apoye los diversos esfuerzos que ya se están haciendo para lograrlo”.
El documento de la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de San Isidro, concluye con una invitación a la comunidad a “asumir con fuerza este desafío, construyendo una voz y mirada común de la problemática que deje de lado la demanda de ‘erradicación’ y que asuma el clamor por la ‘inclusión’”.+
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