Mons. Carrara reclamó un régimen penal juvenil “verdaderamente humano”
El prelado porteño y asesor de la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo hizo estas afirmaciones el 23 de abril en el marco de la tercera audiencia pública que debate el nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo propone, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para los menores que cometen delitos con penas superiores a los 15 años, y un abordaje interdisciplinario de los menores que cometen delitos, para lograr su resocialización.
En este sentido, monseñor Carrara consideró que “sería deseable que se abandonara el sistema tutelar y se implementara un régimen penal juvenil, con todas las garantías del proceso penal, pero sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, es decir, manteniéndola en 16 años, lo que sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con dicha Convención".
“En este marco aparecen caminos concretos que deben incluirse en dicho régimen penal juvenil: la justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de libertad. Es evidente que la implementación de este sistema depende de la habilitación de la infraestructura y los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de un sistema orientado a la resocialización y a la educación”, detalló, y sostuvo: “Hay que trabajar por un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza”.
El prelado porteño recordó que "los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas; el Estado debe alejarlos de esa opción en lugar de reafirmarlos en el rol de delincuente".
"El camino comienza insertando a todos los chicos en las escuelas, y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación, habilitando instancias de participación ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los servicios básicos por nombrar sólo algunas medidas; ahí empieza todo proceso de integración socio-urbana", añadió.
El obispo villero insistió en advertir que "es necesario tener cuidado del populismo penal”, al explicar que “no se trata aquí de la confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social".
"Hay que evitar esa tendencia que algunas veces existe de construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas. Todo esto se vuelve más delicado aún si estamos hablando de menores", aseveró.
"La deuda social es la gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico. Es principalmente un problema ético que nos afecta en nuestra dignidad más esencial. Detrás de las estadísticas hay rostros e historias. La deuda social genera graves daños sobre la vida concreta de personas, las hiere profundamente en su dignidad. Y casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria son pobres", indicó.
“Hay que seguir llevando adelante este proceso de integración socio-urbana de las villas y barrios precarios de nuestro país. Es probable que esto no resuelva totalmente el drama de la pobreza en nuestra Patria, pero ciertamente será mirarlo de frente y poner manos a la obra de modo bien concreto”, concluyó.+
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