A través de un comunicado emitido ayer, 15 de mayo, la CEV señaló que “estas sentencias del más alto Tribunal de la República constituyen un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece y participa la República Bolivariana de Venezuela”.
“Con estas decisiones, queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano, que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular”, denunció la Comisión Justicia y Paz de la CEV, y afirmó que estas sentencias “constituyen un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos”.
Además, enfatizó que desconocer la inmunidad trae graves consecuencias para una democracia. “El desconocimiento de la inmunidad sin el antejuicio de mérito, ni el allanamiento por parte de la Asamblea Nacional, en contravención a expresas disposiciones constitucionales, afecta gravemente el funcionamiento de la democracia”, y explicó que estas decisiones en la práctica configuran “un secuestro de la soberanía popular”, que se encuentra representada por los diputados elegidos por la voluntad de los ciudadanos.
“Esa es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad del pueblo y la observancia de los debidos procesos legales y judiciales”, señaló.
También recordó que frente a una crisis política se requiere de una solución política. “Ratificamos la voluntad de solución institucional y democrática a la situación política y social venezolana”.
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV señaló que más de 30 diputados de la Asamblea Nacional no ejercen sus funciones por causa del allanamiento de su inmunidad parlamentaria, mientras que otros han sido detenidos, se encuentran en el exilio, o han sido “desproclamados”, como ocurrió con los representantes del Estado de Amazonas.
“Rechazamos categóricamente la persecución en contra de dirigentes políticos y sociales, en especial en contra de Diputados a la Asamblea Nacional mediante la criminalización y estigmatización, colocando en sus residencias panfletos o grafitis que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias”.
La Conferencia Episcopal solicitó a las autoridades que respeten la voluntad popular, y exigió “que se garantice la seguridad de las personas que están siendo objeto de persecución y amedrentamiento”.
“Pedimos a Dios la sabiduría necesaria para una solución institucional y pacífica a la grave crisis política, social y económica que se ha profundizado en las últimas semanas, deteriorando la democracia y la calidad de vida del pueblo venezolano, especialmente de los más pobres”, finaliza el comunicado episcopal. +
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