Ante esta medida, ambas instancias de la CECh, el Instituto Católico Chileno de Migración - INCAMI y la Pastoral Social Caritas Chile, expresaron su profunda inquietud ante una decisión que ha vulnerado los derechos humanos de decenas de personas.
“En coherencia con las enseñanzas de Jesucristo, indica el comunicado eclesial, la Iglesia Católica invita a construir una cultura del encuentro y la acogida. Por eso, cientos de parroquias y comunidades desde el primer momento recibieron, atendieron y buscaron estrategias para facilitar el proceso de integración de los migrantes que llegaron a Chile en busca de una mejor calidad de vida. Hoy la urgencia ha llevado a esta red católica a poner su mirada en la frontera que comparten las diócesis de Arica y Tacna”.
Y continúa el texto: “Sabemos que la resolución de esta problemática no pasa solo por las decisiones que se tomen en Chile. Por eso hacemos un llamado a la búsqueda de soluciones que involucren a todos los gobiernos de la región, y especialmente a quienes son responsables de la conducción política de Venezuela, para generar las vías de salida de esta crisis que desangra a su pueblo”.
“Mientras eso no suceda -señalan- todos quienes formamos parte de Latinoamérica estamos moralmente involucrados y nuestro país debe aportar con medidas razonables de solicitud de documentación a personas que viven el drama del desplazamiento desde Venezuela”.
Los organismos de la CECh invitan “a que cualquier decisión futura sobre este delicado asunto sea fruto de una reflexión serena y desde una mirada cercana a las personas que más sufren, más allá de presiones y temores, pues toda decisión trae consecuencias humanitarias que lesionan la dignidad de las personas. Hay niños, embarazadas, adultos mayores, entre otros, quienes más sufren por este tipo de decisiones”.
Por último, el comunicado pide “no incurrir en acusaciones infundadas a instituciones de Iglesia, respecto de una supuesta promoción de ingresos irregulares de personas al país. Somos los primeros comprometidos por la vigencia del estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley, En años de trabajo conjunto, entidades públicas y civiles saben del servicio por la dignidad y derechos de los migrantes, de la red católica que los acompaña”.
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