Los expertos y representantes de instituciones que, sin ser parte del expediente, argumentaron a favor y en contra de la enseñanza en escuelas públicas salteñas.
Entre otros testimonios, se escuchó la palabra del representante del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Juan Navarro Floria, quien consideró que “es un derecho de los hijos a recibir educación religiosa” y advirtió que ello podría ocurrir aún en contraposición con la postura de sus padres. En ese sentido, reivindicó “la libertad de los niños a elegir la enseñanza religiosa”.
Además de las audiencias de ayer y hoy, habrá otras dos los días 30 y 31 de agosto, en las que también participarán otras instituciones y asociaciones civiles que se presentaron con la figura de amigos del tribunal.
Una causa contra derecho
La causa se remonta a 2010, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con sede en Buenos Aires, secundada por un grupo de seis madres, presentó una acción de amparo colectivo contra el ministerio de Educación de Salta, solicitando el cese de las clases de educación religiosa en las escuelas públicas por considerarlas “atentatorias contra la libertad de conciencia”.
Las demandantes postularon representar los intereses de “todos aquellos padres que no querían que sus hijos recibieran enseñanza escolar en la religión católica”.
En tanto, la Provincia sostuvo la defensa de la autonomía de Salta para incorporar a su Constitución la cláusula impugnada por las amparistas, con base en varios tratados de derechos humanos y en la propia Constitución Nacional, insistiendo en que se instrumentó “un sistema de libre opción, sin imposición de la enseñanza de ningún credo en particular”.+
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