La violencia en Chile comenzó el lunes 14 con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje que aumentó a 830 pesos chilenos, alrededor de 1,17 dólares.
Esta acción se mantuvo durante la semana en distintos horarios, hasta que el jueves 17, algunos grupos comenzaron a destruir los torniquetes de ingreso, dañar las estaciones y la vía pública.
Al día siguiente aumentó violencia y esto obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y toque de queda para intentar restablecer el orden.
Detrás del alza del precio del transporte público hay una problemática de fondo que se acentuó en los últimos años debido a una marcada desigualdad social; fruto de los compromisos sin cumplir de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
El aumento de la delincuencia, la dificultad para acceder a una vivienda propia, el alza en los precios de los servicios básicos, la falta de un sistema educacional equitativo, las pensiones de jubilación que bordean los 150 dólares, y el sueldo mínimo de 415 dólares que obliga a las familias a endeudarse, son algunos de los factores que afectan directamente a los chilenos.
Si bien se aprobó una ley para detener el alza del precio del transporte público, que puede representar hasta un 30% del ingreso de una familia, las manifestaciones en su mayoría pacíficas se mantienen en las calles.
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