La arquidiócesis de Salta expresó que en los días previos al debate público se produjeron “un par de sorpresas”, entre ellas la decisión del máximo tribunal de convocar “amicus curiae” (amigos del tribunal) para que se presentasen a dictaminar en calidad de asesores.
“Estas medidas son excepcionales ya que sólo se adoptan en causas de sumo interés institucional, y así parecía serlo el ‘caso salteño’”, agregó en un parte de prensa.
“Lo que se debate es el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que esté de acuerdo a sus propias convicciones, tal como lo dispone la Constitución de la provincia de Salta; en contraposición con lo reclamado por las demandantes, en orden a que el sistema afecta la neutralidad religiosa y la libertad de pensamiento que debe haber en la escuela de gestión estatal”, precisó.
La autoridad eclesiástica salteña estimó “sorprendente” el nivel de respuesta al llamado de la Corte federal, dado que se presentaron 55 “amigos del tribunal”, al que consideró “un número inusual para este tipo de convocatorias”.
Entre esos “amigos del tribunal” figuran, según detalló, académicos del derecho, expertos en educación, partidos políticos, y asociaciones varias, en un arco que va desde la Pontificia Universidad Católica Argentina hasta la Asociación de Ateos de Mar del Plata, pasando por la Masonería Argentina.
“También resultó imprevista la presentación de centenares de docentes de Religión y de padres de alumnos a favor de la enseñanza de Religión en la escuela pública, pidiendo participar en esta instancia de la causa”, sostuvo.
Las familias han sido ignoradas
Según el parte de prensa, “los padres afirman que los titulares del derecho a recibir la enseñanza religiosa son las propias familias y que este ‘colectivo’ ha sido totalmente ignorado en un juicio donde lo que, en definitiva se pretende, es privarlos de ese derecho, afectándoles de este modo su derecho de defensa”.
Por su parte, los docentes aseguraron que “el sistema salteño no viola el principio de neutralidad religiosa del Estado ya que son los padres los que ejercen la opción por recibir enseñanza religiosa o no, y en caso afirmativo, indican la religión en que desean se instruya a sus hijos”.
“En las aulas salteñas, mediante la libre opción de los padres, se instruye en diversos credos religiosos y también en principios de naturaleza filosófica para aquellos que optan por no recibir enseñanza de un credo en particular”, subrayaron.
Una causa contra derecho
La causa se remonta a 2010, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con sede en Buenos Aires, secundada por un grupo de seis madres, presentó una acción de amparo colectivo contra el ministerio de Educación de Salta, solicitando el cese de las clases de educación religiosa en las escuelas públicas por considerarlas “atentatorias contra la libertad de conciencia”.
Las demandantes postularon representar los intereses de “todos aquellos padres que no querían que sus hijos recibieran enseñanza escolar en la religión católica”.
En tanto, la Provincia sostuvo la defensa de la autonomía de Salta para incorporar a su Constitución la cláusula impugnada por las amparistas, con base en varios tratados de derechos humanos y en la propia Constitución Nacional, insistiendo en que se instrumentó “un sistema de libre opción, sin imposición de la enseñanza de ningún credo en particular”.
Así lo recalcaron los cuatro obispos con jurisdicción en el territorio de Salta en su pronunciamiento de abril declaración de los cuatro obispos del territorio de Salta, en el que se destacó que la enseñanza religiosa en la provincia “es un derecho de todos, posibilitando que los sectores más humildes de la sociedad, de convicciones profundamente religiosas, reciban una educación integral”.
La arquidiócesis de Salta sugirió, además, leer el análisis sobre este caso hecho por el delegado de la Red Argentina de Laicos (Relai) para el Noroeste Argentino (NOA), doctor José Durand: http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-4-14-0-0-0-un-derecho-de-los-que-menos-tienen.+
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