Tras reunirse el 18 de enero con Guillermo Gallegos, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Brunori señaló que “es necesario el debate informado” y expresó su deseo de que los diputados salvadoreños se apeguen a la legislación internacional sobre el aborto.
El aborto en El Salvador está totalmente prohibido y la Constitución del país reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.
En octubre de 2016 la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Lorena Peña, del gobernante partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), propuso despenalizar el aborto “cuando corre riesgo la vida de la madre, es decir, cuando puede morir, y cuando el embarazo es producto de la trata de personas, niñas violadas, y cuando es inviable la vida del feto”.
El proyecto de Peña fue criticado por el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lo consideró una “cortina de humo” que busca “crear confusión y desviar la atención de la grave crisis económica y casi bancarrota en la que nos ha sumergido este gobierno”.
“El aborto no se debate, simple y sencillamente no es negociable ni aceptable. El aborto es un asesinato”, señaló Arena, asegurando que “garantizará, cueste lo que cueste, el derecho a la vida, pilar fundamental de la supervivencia de nuestro pueblo y el desarrollo de las nuevas generaciones”.
En declaraciones a ACI Prensa, la presidenta de la plataforma salvadoreña VIDA SV, Sara Larín, señaló que a las ONU no lw importa lo que quieren los salvadoreños, únicamente les interesa imponer una ley nefasta según lo que dicta la agenda internacional”.
Para Larín, “el partido de gobierno está pasando por encima de los principios de los salvadoreños a cambio de satisfacer las condiciones impuestas por la ONU”.
La presidenta de VIDA SV advirtió que los diputados que apoyen este proyecto de ley de despenalización del aborto, particularmente el diputado Guillermo Gallegos, “tendrán que asumir el costo político de traicionar a los salvadoreños por coquetear con diplomáticos extranjeros y entidades feministas radicales que no representan en un mínimo porcentaje la opinión y el deseo de los salvadoreños”.
Larín subrayó que “la ley del aborto libre en El Salvador no solo significa el fracaso colectivo de nuestros legisladores por propiciar estructuras que protejan a la mujer con un embarazo en dificultad, sino también significa una guerra declarada a nuestra institucionalidad y a la democracia, ya que no hay forma alguna de volver legal el aborto sin pisotear la Constitución y todo el ordenamiento jurídico actual que protege los derechos de la persona concebida que está a punto de nacer”.
“Lo que deberían estar debatiendo los diputados en este momento es cuestionar el ensañamiento de la ONU por legalizar el aborto en nuestro país”, señaló.+
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