La organización eclesial repudió también el procesamiento judicial que el mismo tribunal realizó contra dirigentes de organizaciones campesinas indígenas -la Comisión Zonal de Tierras, la Unión Campesina y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Aborigen, entre otras, que apoyaron a la familia Adriani-Berdún.
Edepa manifestó, además, su “máxima solidaridad” con la periodista Diana Della Bruna, imputada por haber registrado fotográficamente el procedimiento de desalojo como trabajadora de prensa del Instituto de Cultura Popular (Incupo), por entender que esta imputación constituye “un grave atentado a la libertad de prensa y al derecho a la información de toda la ciudadanía”.
El caso se remonta a 2010, cuando la familia qom fue denunciada por una mujer que alegó ser la propietaria de esas tierras y en octubre del mismo año la fiscal Gladys Acosta de Scarel ordenó el desalojo de la comunidad.
Varios integrantes de la familia Adriani – Berdún y dirigentes de organizaciones campesinas indígenas fueron procesados por los delitos de presunta “usurpación por despojo y desobediencia judicial” y “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”.
También la periodista que cubría el procedimiento fue imputada como "partícipe necesario" en el supuesto delito de “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”. El “arma” de Diana Della Bruna era una cámara fotográfica, cuestionó Endepa.
La defensa de la familia y de la periodista, ya anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia.+
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