El protocolo establece normas sobre cómo actuar ante una denuncia y cómo deben comportarse sacerdotes, religiosos y laicos en ámbitos eclesiales. También ordena el modo de proceder frente a la sospecha o descubrimiento de delitos sexuales. “El objetivo es cuidar a los niños y que no vuelva a pasar”, sintetizó María Inés.
“Son temas muy delicados y es bueno que aquellos que trabajen con menores sepan estas cuestiones de manera simple. Es para que todo adulto sepa qué hacer para prevenir un abuso y ante la sospecha”, explicó.
La normativa rige para la arquidiócesis de Paraná y se nutrió del trabajo que se viene realizando en otros lugares: “Desde hace algunos años, muchas arquidiócesis empezaron a generar estos protocolos debido a los problemas de abuso que emergieron”.
Lo que manifiesta el protocolo es que “cuando haya un adulto en algún ámbito eclesial en la arquidiócesis de Paraná, tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Si se enteró de un abuso por el mismo menor, debe escucharlo sin interrogarlo, contenerlo con mucho respeto sin atosigarlo y, por supuesto, inmediatamente avisar a las autoridades del lugar y a los padres o tutores del niño o del adulto vulnerable. Además hay que incentivar a que se hagan presentaciones en organismos oficiales. No es denuncia porque eso es para otra instancia. Después puede haber o no denuncia”.
A su vez, “el adulto tiene que comunicarse con las autoridades eclesiales. Sabemos que se abre el proceso penal o civil y el canónico. Los católicos en Paraná tenemos que cumplir dos legislaciones: la ley del Estado y la ley Canónica. Son dos leyes que no se contradicen”.
Por otro lado, María Inés Franck se refirió a la presunta inconstitucionalidad del protocolo. “No comprendo qué fundamentos tienen para decir eso. Esto se trata de acercar la ley al ciudadano común. Los protocolos deberían ser prácticamente obligatorios en instituciones en las que se trabaje con menores”.
“De ningún modo es inconstitucional. Hay un sistema de Derecho Humanos que tiene que ser asumido en el protocolo y así es. Está contemplado el interés superior del niño, está incorporado el deber de respetar la ley del lugar, está el derecho del niño de ser escuchado y no ser revictimizado con permanentes interrogaciones. También se opera el derecho de dar intervención a los padres y el derecho que tienen a denunciar. Y la última parte del protocolo hace especial mención a ser informados. La autoridad eclesiástica debe mantenerlos periódicamente informados. Si la familia no hace la presentación, el protocolo indica que lo deben hacer las autoridades de la institución de la que se trate”, señaló María Inés.
“Sinceramente no entiendo el planteo de inconstitucionalidad. Este protocolo es revisable. Simplemente un mecanismo frente a los casos prácticos”, explicó. Finalmente, manifestó que “la intención no es polemizar, sino que esto no pase nunca más”.
El protocolo se puede encontrar en www.comisiondeprevencion.com.ar.+
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